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3 de junio de 2016

DOS lanza informe del proceso de consulta sobre la Ley 20.500

Publicación sistematiza inédito proceso desarrollado durante el año 2015, que supuso la realización de diálogos con organizaciones sociales, encuestas y focus groups con funcionarios municipales y encargados  ministeriales de participación, encuentros con comunidades de chilenos residentes en el exterior, además de seminarios con universidades y centros de pensamiento de todo el espectro político nacional.

Con la presencia de importantes autoridades de Gobierno y del mundo de la sociedad civil se realizó esta mañana la ceremonia de lanzamiento del Informe del Proceso de Consulta sobre la Ley 20.500 de Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública, que la División de Organizaciones Sociales (DOS) realizó durante el transcurso del año recién pasado.

El evento se llevó a cabo en el Edificio Bicentenario, en Santiago, y contó con la participación del Ministro de Bienes Nacionales, Víctor Osorio; del Subsecretario General de Gobierno, Osvaldo Soto; de la Subsecretaria de Evaluación Social, Heidi Barrera; de la Subdirectora del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, Anita Tironi; del Director de la DOS, Camilo Ballesteros, y del Presidente del Consejo Nacional para la Participación Ciudadana y el Fortalecimiento de la Sociedad Civil, Gonzalo de la Maza.

Durante el 2015, según recordó el Director de la DOS, Camilo Ballesteros, la entidad desarrolló un inédito proceso de consulta de la Ley 20.500 sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública, promulgada el 4 de febrero del año 2011 y publicada en el diario oficial el 16 de febrero del mismo año.

Lo que se buscaba era identificar y sistematizar la opinión de diversos actores directamente relacionados o interesados  en el cumplimiento de esta ley, a cuatro años de su promulgación y entrada en vigencia.

En ese marco, se realizaron diálogos participativos con organizaciones sociales, encuestas y focus groups con funcionarios municipales, Y encargados  ministeriales de participación, encuentros con comunidades de chilenos residentes en el exterior, seminarios con universidades y coloquios con centros de pensamiento de todo el espectro político nacional.

Distinción a cuentas públicas ministeriales

En el evento de hoy –precisamente en el marco de una de las más importantes disposiciones contempladas en la 20.500- la DOS distinguió a los ministerios de Bienes Nacionales, Desarrollo Social y Transporte y Telecomunicaciones, y al Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, por el desarrollo de sus procesos de cuentas públicas, con óptimos estándares de participación ciudadana.

Tres expertos académicos y representantes de la sociedad civil, en tanto, analizaron en un foro-panel los principales hallazgos del informe presentado por la DOS: Marcela Ríos, doctora en ciencia política y coordinadora del Informe Auditoría a la Democracia del PNUD; Francisco Soto, abogado e integrante del Consejo de Observadores Ciudadanos del Proceso Constituyente y Gonzalo de la Maza, sociólogo y actual presidente Consejo Nacional para la Participación Ciudadana y el Fortalecimiento de la Sociedad Civil.

Principales conclusiones del informe

A través de los actores consultados durante el proceso, se pudo identificar diversas visiones respecto al papel que esta legislación ha cumplido en el país. Por un lado, se reportaron mecanismos que han cumplido positivamente su objetivo al momento de promover la participación ciudadana en la gestión pública. Pero por el otro, se dio cuenta que existen importantes falencias y limitaciones que impiden el correcto desenvolvimiento de la institucionalidad.

Si bien la ley incorpora cuatro mecanismos obligatorios­ tales como acceso a la información relevante, cuentas públicas participativas, consultas ciudadanas y consejos de la sociedad civil; ésta no cuenta con un refuerzo institucional que asegure su correcto funcionamiento. Es así como, surge la necesidad de implementar mecanismos y/o órganos públicos que tengan las atribuciones de fiscalizar el cumplimiento de dicha obligatoriedad. Junto a esto, es fundamental incorporar instrumentos que promuevan el cumplimiento de la Ley, ya que actualmente las autoridades nacionales y locales no cuentan con incentivos y/o sanciones que los obliguen.

Pese a esto, se reconoció que la ley ha facilitado los procesos institucionales para la asociatividad de la sociedad civil: reducción de tiempo y de requisitos para la constitución jurídicas de las diferentes organizaciones sociales, son algunas de ellas. De esta forma, resulta importante mencionar el reconocimiento institucional que el Estado le ha dado a las organizaciones de voluntariado, permitiendo así una legitimidad en el ámbito público y privado, y facilitando- de forma significativa- su trabajo cotidiano.

Sin embargo, uno de los principales problemas que enfrenta la ley es el alto desconocimiento de ésta en la sociedad civil. Si bien las organizaciones de interés público y sus dirigentes conocen la legislación, la mayor parte de la población manifiesta desconocimiento en lo que respecta a su contenido. Esto queda de manifiesto al contrastar las nociones que tiene la ciudadanía sobre otras leyes atingentes al desarrollo comunitario, como por ejemplo­, la ley de Juntas de Vecinos. Por lo tanto, los esfuerzos desde el Estado deben enfocarse– tanto a nivel central como local– en la información y en la difusión de esta institucionalidad.

Por otro lado, el actual carácter consultivo e informativo de las formas de participación obligatorias que propone la Ley, genera importantes niveles de frustración en la sociedad civil, creando así un escepticismo aprendido frente a los diferentes espacios de participación. De esta manera, se ha generado una mayor dificultad al momento de implementar los procesos de vinculación que se proponen.

Además, existen órganos del Estado que tienen acciones secundarias para el cumplimiento de la Ley que no cuentan con el financiamiento necesario para los fines establecidos: el Registro Civil que es el encargado de elaborar y actualizar permanentemente el Registro Nacional de Organizaciones de Interés Público, y los Tribunales Electorales Regionales quienes validan las directivas electas de las organizaciones locales; sumado a más exigencias para validar la elección.

Uno de los puntos en lo que se coincidió transversalmente es la importancia de avanzar en el establecimiento de mecanismos de participación de carácter vinculante, tanto a nivel del Estado central como de los gobiernos locales. Esto se traduce en que las definiciones que se asumen– desde los espacios de participación ciudadana en la gestión pública– son una alternativa real y plausible al momento de tomar decisiones por parte de la autoridad respectiva.

Para facilitar, promover y consolidar la participación ciudadana en la gestión pública, se torna vital que ésta se consagre como un derecho constitucional, para que así se establezca como un elemento central del quehacer nacional y como base principal de nuestra democracia. Con ello, se puede avanzar en diversos mecanismos de democracia directa: iniciativas populares de ley, referéndums o revocatorias de mandato. Lo anterior permitiría que en el país se produzca una profundización de nuestra democracia para superar la actual deslegitimación política y las desconfianzas hacia la institucionalidad del Estado.

Al respecto, el Director de la DOS señaló que la Ley N°20.500 ha significado un gran avance en la consagración del derecho a la participación ciudadana, en el fortalecimiento de la asociatividad  y en la institucionalización de dichos fenómenos en el Estado. Sin embargo, creemos que las opiniones y propuestas planteadas desde la sociedad civil, desde los funcionarios públicos a los centros de estudios y desde las comunidades de chilenos en el exterior, son lo suficientemente contundentes como para avanzar en el camino de la reforma a la ley. Una, que permita su profundización y perfeccionamiento en los ámbitos que anteriormente se han señalado y que se han planteado en el programa de gobierno, cuando este señala que Llevaremos adelante medidas que fortalezcan y den institucionalidad tanto a la participación política como a la participación ciudadana en la gestión pública, garantizando que todos y todas tengamos el mismo derecho a influir en las decisiones que nos afectan y sin ningún tipo de discriminación arbitraria”.

El informe completo estará disponible en esta misma web, a partir de la segunda semana de junio.

COMUNICACIONES DOS