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5 de junio de 2020

Congreso aprobó proyecto de ley que crea el Servicio Nacional de Protección a la Niñez y Adolescencia en reemplazo del Sename

El Congreso aprobó el proyecto que crea el Servicio Nacional de Protección a la Niñez y Adolescencia, que junto con el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, terminará con el Sename. El objetivo es separar las funciones en dos nuevos servicios, logrando una protección más efectiva de los derechos de niños, niñas y adolescentes.

Luego de un año y diez meses de tramitación, el Congreso aprobó la nueva institucionalidad, que crea un servicio público dependiente del Ministerio de Desarrollo Social y Familia y la Subsecretaría de la Niñez, encargado de proveer la oferta de protección especializada para los niños, niñas y adolescentes gravemente amenazados o vulnerados en sus derechos, con un foco en el bienestar e interés superior de cada niño, y un enfoque familiar que permita intervenciones integrales y eficaces.

La Subsecretaria de la Niñez, Carol Bown, comentó al respecto que: “es un gran día porque tendremos finalmente una ley que crea un nuevo servicio de protección que termina con el Sename».

En tanto, el Director de la División de Organizaciones Sociales, Jorge Fuentes, manifestó sobre la normativa que:  “posibilitará cerrar una deuda del Estado, y lo pone al servicio de la protección de la infancia. Eso demuestra que los niños, niñas y adolescentes son una prioridad para el Gobierno encabezado por el Presidente Sebastián Piñera”.

Atención

El proyecto deberá ir a revisión del Tribunal Constitucional antes de ser promulgado y publicado. Después de eso existe un plazo máximo de un año para instalar, hacer los reglamentos y las calificaciones de quienes se contraten para comenzar a operar.

Uno de los principales cambios del servicio será que el sujeto de atención no solo será el niño, sino también su familia, con foco en el interés superior del menor en la reparación y restitución de sus derechos. Además contará con drásticas sanciones en caso de vulneración de derechos o mal uso de recursos, y un consejo de expertos encargado de asesorar, acompañar y asegurar la independencia en la toma de decisiones.

En su labor de tutela, el Ministerio de Desarrollo Social garantizará el cumplimiento de las normas que rigen la labor del Servicio y los colaboradores acreditados. Deberá fiscalizar que la transferencia de los aportes financieros a estas entidades se realice acreditando que se cumplan los principios rectores del Servicio y estándares técnicos y de calidad establecidos.

Asimismo, se determina que el Servicio tendrá por objeto garantizar la protección de niños, niñas y adolescentes gravemente amenazados o vulnerados en sus derechos, entendida como el  diagnóstico especializado, la restitución de los derechos, la reparación del daño producido y la prevención de nuevas vulneraciones. Ello se realizará asegurando la provisión y ejecución de programas especializados para abordar casos de mediana y alta complejidad.

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social.